Los continuos bloqueos que se registran en diferentes carreteras del país evidencian un problema nacional que frena la producción, la inversión y el empleo y se deben atender con urgencia llamó la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
“Llamamos a las autoridades a establecer una comunicación efectiva que permita restablecer de inmediato la libre circulación en carreteras, sin criminalizar a quienes alzan la voz por condiciones dignas de seguridad. Las soluciones deben construirse con diálogo, eficacia y resultados verificables, evitando que el país siga perdiendo competitividad por causas que pueden resolverse con determinación y coordinación”, dijo Juan José Sierra Álvarez, presidente nacional.
Los bloqueos carreteros realizados durante esta semana por la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) y diversas organizaciones campesinas confirman la profundidad de un problema que se extiende por todo el país.
“Desde la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), junto con nuestros 71 Centros Empresariales, subrayamos la urgencia de atender una problemática que se ha vuelto insostenible para la actividad productiva”, reconoció.
De acuerdo con el sondeo realizado entre los Centros Empresariales Coparmex, 33 de 55 ciudades y regiones participantes reportaron afectaciones directas en carreteras, aduanas fronterizas, nodos logísticos y rutas estratégicas, particularmente en Jalisco, Guerrero, Chihuahua, Ciudad Juárez, Michoacán, Zacatecas, Veracruz, Durango, Puebla, Sonora, Baja California, Guanajuato, Cuauhtémoc, Tamaulipas, Hidalgo del Parral y regiones de San Luis Potosí y Guasave. Estas interrupciones ya generan retrasos, pérdidas económicas y riesgos para empresas y transportistas que dependen del flujo continuo de mercancías.
“Respaldamos las demandas planteadas por transportistas y productores agrícolas, quienes enfrentan diariamente robos, extorsiones, cobro de piso y agresiones que ponen en riesgo su integridad y su patrimonio. Su llamado a contar con condiciones mínimas de seguridad para trabajar es legítimo y refleja una realidad que se ha normalizado a niveles inaceptables”, destacó el dirigente del organismo empresarial en su posicionamiento en el que enfatizan que esos reclamos requieren respuestas inmediatas y coordinadas por parte de las autoridades.
“La gravedad del fenómeno exige acciones que garanticen seguridad en carreteras, rutas de carga y puntos logísticos, evitando que la ciudadanía y las actividades económicas sigan siendo rehenes de la violencia”, agregó.
Con la inseguridad en carreteras, además de afectar al transporte de carga, se compromete la operación de cadenas productivas, incrementa costos logísticos, deteriora la competitividad regional y coloca a México en desventaja frente a sus socios comerciales, advirtió la Coparmex.
“El desafío exige coordinación real. Llamamos al Gobierno Federal y a los gobiernos estatales a trabajar juntos en un esquema inmediato que incluya vigilancia efectiva en tramos de alto riesgo, atención a denuncias por extorsión, operación funcional de trámites indispensables para el transporte de carga y mecanismos de conciliación que involucren a productores, transportistas, gobiernos y empresas. Ninguna solución será sostenible sin una estrategia conjunta que atienda de raíz los factores que originan estos conflictos”, advirtió.
El llamado del sindicato patronal también es a qué el gobierno federal atienda las demandas de los productores agrícolas, particularmente por el precio pagado por la tonelada de maíz, el cual no cubre los costos necesarios para sostener la operación de los agronegocios, problemática que ha afectado directamente a socios de la Confederación, quienes han visto disminuidos sus ingresos y comprometida la viabilidad de sus empresas ante la ausencia de apoyos reales que permitan mantener operaciones, preservar empleos y contribuir al desarrollo económico regional.
“Consideramos indispensable que las autoridades instalen una mesa nacional de diálogo con participación de los sectores afectados y con una representación equilibrada de los estados donde la situación es más grave. Esta mesa debe generar compromisos claros, con plazos verificables, inversión suficiente, operación coordinada y criterios homogéneos que garanticen un entorno seguro para quienes trabajan en la producción agrícola, el transporte y la logística”, detalló.
